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Jueves, 2 de Marzo, 2023

la importancia de la debida diligencia en la
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 contratación pública 

En el ámbito de la contratación pública, la debida diligencia se refiere al conjunto de medidas que las entidades estatales deben tomar para identificar, prevenir y gestionar riesgos en los procesos de selección de contratistas. Esta práctica es fundamental para garantizar la transparencia, eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, así como para prevenir la corrupción y la mala gestión en la contrataciónEn Colombia, la debida diligencia en la contratación pública está regulada por la Ley 1474 de 2011 y sus decretos reglamentarios. Según esta normativa, las entidades estatales deben llevar a cabo procesos de selección objetivos, transparentes y justos, basados en criterios de legalidad, eficiencia, economía, imparcialidad y publicidad. Además, deben realizar una evaluación previa y rigurosa de los oferentes, que incluya la verificación de su capacidad jurídica, financiera, técnica y ética.
Entre las medidas de debida diligencia que deben adoptar las entidades estatales, se destacan:
  1. Verificación de antecedentes: Las entidades estatales deben revisar los antecedentes de los oferentes, para identificar posibles sanciones, investigaciones o condenas por prácticas corruptas o delitos relacionados con la contratación pública.
  2. Evaluación de la capacidad técnica: Las entidades estatales deben verificar la capacidad técnica de los oferentes, a través de la revisión de su experiencia, conocimientos y recursos técnicos necesarios para ejecutar el contrato.
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  1. Evaluación de la capacidad financiera: Las entidades estatales deben evaluar la capacidad financiera de los oferentes, para asegurarse de que tienen la solvencia necesaria para cumplir con sus obligaciones contractuales.
    ​Evaluación de la capacidad jurídica: Las entidades estatales deben verificar la capacidad jurídica de los oferentes, para garantizar que cuentan con los documentos y permisos necesarios para ejecutar el contrato.

Además, las entidades estatales deben implementar medidas para prevenir y gestionar conflictos de interés, y garantizar la transparencia en los procesos de selección y en la gestión contractual.

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     En resumen, la debida diligencia es fundamental para garantizar la legalidad, transparencia y eficiencia en la contratación pública. Las entidades estatales deben adoptar medidas rigurosas y objetivas para evaluar a los oferentes, prevenir y gestionar riesgos, y garantizar la transparencia y la ética en los procesos de selección y en la gestión contractual.
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